Red de Blogs Ateos

Uno de los cambios más significativos que trajo la Constitución Política de 1991 fue la adopción de un modelo de Estado Laico, respetuoso de los diferentes credos religiosos que en su interior se prediquen y de las personas que deciden no practicar ninguno. A diferencia de la Constitución de 1886 que establecía la unidad de religión con el Estado, el artículo 19 de la Constitución de 1991 estableció que “Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”

En desarrollo de este principio, mediante la Ley 133 de 1994 el Legislador impuso una carga de neutralidad al Estado y a sus autoridades, al determinar que ninguna iglesia o confesión es o será oficial. Esto no quiere decir que el Estado se reconozca así mismo como ateo, agnóstico o indiferente ante la religiosidad de las personas; lo que quiere decir es que resulta predicable del Estado colombiano su neutralidad frente a cualquier credo o iglesia religiosa y en consecuencia, le resulta prohibido a cualquier autoridad estatal tomar medidas para desincentivar o favorecer a las personas o comunidades que no compartan determinada práctica religiosa, sean o no mayoritarias, e incluso es su deber proteger y garantizar los derechos de aquellas personas que son indiferentes ante las creencias religiosas o espirituales. Según lo establecido en su artículo 2º “El poder público protegerá a las personas en sus creencias, así como a las iglesias y confesiones religiosas y facilitará la participación de éstas y de aquéllas en la consecución del bien común. De igual manera, mantendrá relaciones armónicas y de común entendimiento con las iglesias y confesiones religiosas existentes en la sociedad colombiana”.

En reiterada jurisprudencia la Corte ha analizado el sentido de la relación entre el Estado colombiano y las religiones. En sentencia C-350 de 1994, esta corporación concluyó que el Estado colombiano es un Estado laico, con plena libertad religiosa, caracterizado por una estricta separación entre el Estado y las iglesias, y la igualdad de derecho de todas las confesiones religiosas frente al Estado y frente al ordenamiento jurídico. Para esta Corte la importancia que adquiere la adopción del principio de laicidad radica en que “[la] estricta neutralidad del Estado en materia religiosa es la única forma de que los poderes públicos aseguren el pluralismo y la coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas”

En sentencia C-766 de 2010 puntualizó y amplió los criterios señalados en jurisprudencia anterior, respecto del deber del Estado cuando adopta una decisión que contenga algún tipo de implicaciones religiosas. Estos criterios son:

“(i) Separación entre Estado e Iglesias de acuerdo con el establecimiento de la laicidad del primero, (ii) prohibición de injerencia alguna obligatoria, que privilegie a la religión católica o a otras religiones en materia de educación, (iii) renuncia al sentido religioso del orden social y definición de éste como orden público en el marco de un Estado Social de Derecho, (iv) determinación de los asuntos religiosos frente al Estado, como asuntos de derechos constitucionales fundamentales, (v) prohibición jurídica de injerencia mutua entre Estado e Iglesias, (vi) eliminación normativa de la implantación de la religión católica como elemento esencial del orden social y (vii) establecimiento de un test que evalúa si las regulaciones en materia religiosa están acordes con los principios de pluralidad y laicidad del Estado colombiano”

Para esta Corporación, cuando el Estado no observa los criterios antes descritos: i) estaría violando el principio de separación entre las iglesias y el Estado; ii) estaría desconociendo el principio de igualdad en materia religiosa; iii)vulneraría el principio de pluralismo religioso dentro de un Estado liberal no confesional; y iv) estaría desconociendo el principio de neutralidad que ha de orientar al Estado, a sus órganos y a sus autoridades en materia religiosa.

En este orden de ideas, el principio de laicidad no sólo se expresa en garantías para los particulares en cuanto a la libertad de adhesión a cualquier religión o práctica de cualquier culto, sino además en el reconocimiento y protección de las diferentes confesiones religiosas (pluralismo religioso), a partir de acciones tendientes a generar garantías para la materialización de la libertad de cultos, en un trato igualitario y exento de discriminación por motivos religiosos. Según esta Corporación “la igualdad de trato en materia religiosa está íntimamente relacionada con el carácter laico del Estado y por ende, con la naturaleza secular de las actividades que puede desarrollar el Estado. Razón por la cual la valoración de las funciones que este Estado realice respecto de la religión deberá tener en cuenta el entendimiento de la laicidad secular y su relación con la adecuada garantía de la libertad de conciencia, religión y culto”.

"El mencionado decreto constituye una violación flagrante a la separación entre Estado e Iglesias, principio que debe ser garantizado en todas las actuaciones públicas. El reconocimiento de la pluralidad y de la libertad de no tener una afiliación religiosa fue una de las grandes conquistas de la Constitución de 1991, por lo que anunciamos que ejercitaremos todos los mecanismos constitucionales y legales para que dichas libertades se protejan, para que dicho decreto sea declarado nulo y para que las personas involucradas en su expedición sean investigadas.

Por lo anterior, solicitaremos a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN dar apertura a las INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS a que haya lugar."

La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó la norma establecida en la ley 119 de 1994 que permitía la designación de un miembros de la Conferencia Episcopal de Colombia en el Consejo Directivo y en los Consejos Regionales del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) para su representación.
El alto tribunal determinó que dicha normatividad desconocía el hecho que la Constitución Política de Colombia establece que Colombia es un Estado laico, confesional y neutral. La exigencia para que la Conferencia Episcopal tenga a un representante va en contra de estos principios desconociendo la libertad de cultos.
En la demanda presentada se advertía que “incluir a un representante de la Iglesia católica romana en los órganos directivos nacionales y regionales” iba en contravía del carácter laico y pluralista que existe en Colombia, hecho por el cual debía ser declarada inconstitucional.
En el debate jurídico se avaló esta tesis y se quitó dicha norma que para la Corte vulnera la libertad religiosa que protege la Carta Política. En este sentido se considera que se le estaba otorgando un trato privilegiado a la Iglesia Católica frente a las otras.
"Están estimulando la participación de esa Iglesia en la construcción de políticas públicas que le serán aplicables", precisó la Corte Constitucional al resolver esta acción judicial.

Finalmente, dice la conferencia, "con esta decisión la corte ha desconocido la historia del Sena y su carácter social". Y que cuando la Corte argumenta que Colombia es un estado laico es un pretexto "para excluir a la iglesia de los organismos directivos del Sena". (Ver comunicado de la Iglesia Católica)

• Para que los musulmanes comprendan que deben adaptarse a Francia, a sus costumbres, a sus tradiciones, a su modo de vida, ya que son ellos los que han elegido emigrar.
• Para que comprendan que deben integrarse y aprender a vivir bien en Francia.
• Para que comprendan que son ellos los que deben modificar su modo de vida y no los franceses, que los han acogido generosamente.
• Para que comprendan que los franceses no son xenófobos ni racistas, puesto que han aceptado a numerosos emigrantes musulmanes (al contrario que los musulmanes, que no aceptan a los extranjeros no musulmanes en sus paises).
• Que los franceses, como otros muchos países, no piensan renunciar a su identidad, a su cultura, a pesar de los golpes de los internacionalistas.
• Que si Francia es una tierra de acogida, no es la ministra Filippeti y el gobierno de izquierda quien acoge a los extranjeros, sino el pueblo francés en su conjunto.
• Que comprendan, al fin, que en Francia, con, y no a pesar de, sus raíces judeo-cristianas, sus árboles de Navidad, sus iglesias, y sus fiestas religiosas, la religión debe quedarse en el estricto dominio privado, y la alcaldía tiene razón cuando rehusa todo compromiso al islam y a su religión (la sharia).
• A los musulmanes, a los que molesta la laicidad y que no se encuentran bien en Francia, les recuerdo que existen 57 magníficos países musulmanes en el mundo, la mayoría de ellos medio poblados y dispuestos a recibirlos con los brazos abiertos para respetar la ley de la sharia.
• Si habéis dejado vuestros países para venir a Francia y no para ir a otros países musulmanes, con vuestras mismas costumbres, es porque habéis considerado que la vida en Francia es mejor que en otros lugares.
• Preguntaos sólo una vez: ¿Por qué se está mejor en Francia que en el lugar de donde venís?