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Favores judiciales a la “mafia rusa”

Un marinero ucraniano gerencia tres prostíbulos. Desde allí traficó cocaína y retuvo los documentos de “sus chicas”, entre ellas, menores. Los mismos jueces que excarcelaron al proxeneta extranjero consideran lícitas las casas de citas.

Por Lucas Schaerer

Los prostíbulos son un negocio que, ahora, se pretende llevar a la legalidad. Sucede que en los restringidos despachos de la alcurnia jurídica hay una avanzada contra la ley que taxativamente los prohíbe. La norma atacada no es nueva pero aun así afecta a los modernos negocios de las mafias, como el proxenetismo y sus derivados, la trata de personas, drogas y la venta de alcohol constante y sonante que se produce, según denuncian organizaciones expertas en el tema, en los 800 prostíbulos instalados en la Ciudad de Buenos Aires.

Oleksandr Vovk, un ucraniano proxeneta de menores y procesado por narco, es el líder de una organización conocida como la “mafia rusa” y el protagonista de la causa por la que se está queriendo legalizar el rufianismo. La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal se amparó en el artículo 19 de la Constitución –que dice que una actividad que no afecta a terceros no es delito– para declarar inconstitucional el artículo 17 de la Ley de Profilaxis. Dejando de esta manera abierta la puerta para la legalidad de las casas o locales de prostitución regenteadas por terceros.

“El Ruso” o “Alex”, como lo conocen a Vovk sus víctimas, está en libertad. Esas mujeres y menores de edad a las que les retuvo los documentos, y que según denunciaron hacía tanto consumir como vender cocaína, saben que él anda por la Ciudad con sus lugartenientes. Para las chicas en estado de prostitución quedó el sabor de la derrota. Fue como un sueño, una fantasía del lejano pasado, cuando los gendarmes le colocaron las esposas a Vovk y lo bajaron en el aire por las escaleras. Esa noche, el grandote rubio que las esclavizaba –mide 1.80 metros– fue apresado. Lo llevaron de uno de sus tres “privados”.

Investigaciones de Gendarmería, por orden judicial a raíz de la denuncia de una menor víctima de Vovk, venían siguiendo y grabando las conversaciones telefónicas del marinero ucraniano.

En Suipacha 670, 2º piso “I”, capturaron al hombre de ojos celestes que casi no habla el castellano. En el prostíbulo que simula ser un departamento particular estaban las pruebas del hasta ese momento indiscutido delito de gerenciar una casa de explotación sexual. Planillas con los “pases” diarios de las mujeres, folletería, volantes y preservativos. Ese material de prueba se sumó a las comprometedoras declaraciones de las víctimas, entre ellas de la menor que lo había denunciado ante la Justicia, y hasta al arrepentimiento de una prostituta convertida en mano derecha de Vovk.

Hasta ese momento, la Justicia parecía estar del lado de las mujeres que venían, por lo menos desde hacía un año y nueve meses, siendo sometidas sexualmente. El ucraniano fue procesado por proxenetismo, tráfico de drogas y por facilitar la explotación sexual de menores.

Estuvo preso en el penal de Ezeiza, como sus cómplices Isabel Rojas –su pareja, propietaria de un local de ropa interior– y Gabriela Natalia Murgia. Éstas hacían de gerenciadoras de los cabarets e incorporaban a las mujeres. Rojas, en la casa-prostíbulo de Recoleta –Córdoba 2945 1º “A”–, mantenía encerradas a las prostitutas dándole llave a las rejas de la puerta, y manejaba la barra de bebidas alcohólicas en la recepción. Mientras que Murgia realizaba un trabajo similar en el prostíbulo de Palermo, ubicado en Humboldt 1545 PB.

El encierro del ucraniano Vovk tuvo sus particularidades. Nunca fue trasladado del pabellón de ingresos y su estadía carcelaria duró poco más de medio año, un tiempo considerablemente menor a los casi dos años que sufrieron las niñas y mujeres prostituidas. El argumento para la libertad de Vovk fue que no es peligroso, según los jueces que integran la Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal. Los jueces Eduardo Freiler y Eduardo Farah –con Jorge Ballesteros excusado por haber sido juez de primera instancia en la causa– primero habían rechazado la libertad de Oleksandr. De hecho, Ballesteros, entonces juez en la investigación, había aceptado liberarlo a cambio de una fianza de 50 mil pesos cuando no tenía presentado domicilio en la Ciudad. En ese entonces el criterio de Freiler y Farah, a raíz de la apelación de la fiscal de Cámara, había sido rechazar la excarcelación. Los camaristas, a los pocos meses, cambiarían de parecer.

La fiscal Eugenia Anzorreguy de Silva dijo que se corría el riesgo de que se vulnerara la reserva de las identidades de las menores explotadas. La fiscalía quería proteger la integridad física y psíquica de las víctimas. Tal intento de salvaguardarlas fracasó. Este medio supo que Vovk, desde la cárcel o por cómplices desde afuera, se encargó de difundir la foto de la chica que lo denunció. Quien fuera el primer abogado del proxeneta acusado de narco, reconoció ante este cronista que había visto una foto de la menor denunciante. “En su momento, cuando fui al juzgado a enterarme de algunas cuestiones de la causa, una chica, allí adentro, me miró fijo. Me pareció extraño que me mirara cuando nombré la causa, y después, cuando vi la foto, supe que era ella”, reconoció Marcelo Taboada, que se formó en la profesión de las leyes estando preso y ahora, desde su estudio en la avenida Córdoba, sigue atendiendo a hombres del crimen organizado, entre ellos uno de nacionalidad serbia, y alguna vez también a un ex funcionario porteño.

Otro de los justificativos de la fiscal para que no se liberara al mafioso ucraniano, del cual no hay foto en la causa, fue que una de las mujeres solicitó reservar su identidad. Quien declaró en su contra tiene miedo a sufrir represalias; y sumado a ello, quienes llevan la causa tienen la fuerte sospecha que Vovk logró convencer a una de las mujeres, mayor de edad, que no denunciara una violación de la que fue víctima. “Esto permitiría afirmar que de recuperar su libertad podría influenciar a los menores, quienes al igual que el resto de los empleados se encontraban en una relación de subordinación”, dejó asentado la fiscal Anzorreguy de Silva, pero los jueces de la Sala I no piensan lo mismo.

Con todos estos datos en su contra, a Vovk se le sumó que por muchos meses no pudo comprobar que tuviera residencia fija y tampoco ninguna de las mujeres sometidas en el departamento de la calle Humboldt afirmó que viviera allí, tal como él expresó en su indagatoria. Tampoco en la causa judicial quedó asentado medio de vida lícito en el país y ningún vínculo de parentesco. Aunque fuentes judiciales señalan que recibió varias visitas en la cárcel. Tanto de miembros de la red mafiosa como de parientes.

Pero los jueces Freiler y Farah, el 23 de abril, justificaron la libertad del proxeneta por “no generar riesgo”. Ocurre que aceptaron como su domicilio la propiedad de su pareja y coimputada, Isabel Rojas. La propiedad de la calle Beruti, que contradictoriamente ha dado en embargo, fue puesta de garantía a modo de fianza. Para dar más argumentos a su nueva y cuestionada postura, los magistrados de la Sala I dijeron que el “imputado posee DNI argentino para extranjeros y más de 10 años de residencia –no el domicilio– en el país”.

De los tres delitos por los que fue procesado, por ahora irá a juicio oral sólo por tráfico de drogas y por facilitar la prostitución de menores. No así por proxenetismo, ya que los jueces de la Cámara, al declarar inconstitucional el artículo 17 de la Ley de Profilaxis, no consideraron ese delito.
Antes que los camaristas Freiler y Farah, otros que hicieron escuela a favor de los prostíbulos y proxenetas fueron los miembros de la Sala V de la Cámara del Crimen. En otra causa, ellos sostuvieron que “no había lesión o peligro concreto” siempre que se usaran preservativos, sin tener en cuenta que en un prostíbulo las mujeres son sometidas a explotación sexual. Los jueces Mario Filozof, María Laura Garrigós de Rébori y Rodolfo Pociello, argumentando que “no lesiona a nadie”, beneficiaron a un “privado” de la calle Perón al 1200. A pocas cuadras de allí, hace dos semanas, en la noche de un sábado, en la calle Viamonte, dos prostitutas murieron carbonizadas. Esto se produjo en un burdel del tipo de los llamados “privados”. Otra mujer y un cliente, además, fueron derivados al hospital más cercano.

LOS QUE SE PLANTARON

Una parte de la sociedad civil pasó a la ofensiva y salió al cruce de los fallos judiciales que boicotean la Ley de Profilaxis. Estos actores de organizaciones sociales han podido quebrar el mito de “quien se mete con la trata termina en una zanja”, como cree el común de los porteños y hasta la ex prostituta Sonia Sánchez, autora del libro Ninguna mujer nace para puta.

Los costureros de la organización civil La Alameda y los cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), junto a grupos de mujeres –Casa del Encuentro y Red No a la Trata–, religiosos, vecinales y algunos diputados nacionales y porteños, llevaron a cabo acciones para enfrentar a las mafias prostibularias. Elaboraron una denuncia penal con un listado de 613 prostíbulos, 178 teléfonos de casas de tolerancia y 20 páginas web. Ese listado lo recibió en persona el jefe de los fiscales, el procurador nacional Esteban Righi, y copia de esa denuncia también se presentó en la Justicia Contravencional porteña y en la Agencia Gubernamental de Control, ya que este tipo de locales suele estar habilitado como whiskerías.

Con las investigaciones con cámaras ocultas, las denuncias penales junto a la Defensoría del Pueblo porteña, los escraches y hasta la liberación de mujeres a la fuerza –caso New Lisa, en Flores– lograron, en poco más de un año, importantes avances contra los esclavizadores que trafican y reducen a la servidumbre a mujeres y niñas.

El más significativo adelanto en la disputa judicial es la resolución 99 del procurador Righi. Éste impuso a todos los fiscales aplicar la ley contra la casas de explotación sexual, señalándolas como “destino del proceso de trata”. Para el jefe de los fiscales “hay normas supranacionales que comprometen a castigar la explotación de la prostitución ajena en todas sus formas, incluso afirmando el consentimiento”.

Oleksandr Vovk es un ucraniano que lucra sin medios lícitos. Sin vivienda en la Argentina. Que vive en pareja con una de sus madamas. Que estando en la cárcel reparte la foto de la menor que lo denunció. Que es acusado por intimidar a sus víctimas. Que mantiene activos sus prostíbulos allanados. Y que espera su juicio libre, sin ser procesado por proxeneta, gracias a los argumentos de los jueces de la Sala I.