Comisión de la Cámara baja autoriza reforma que eleva a rango constitucional el Estado laico

Jueves 4 de Febrero del 2010. México.

Con 18 votos a favor y cinco en contra (todos del PAN), la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen para establecer de manera expresa en la Constitución que el Estado mexicano es “laico”.

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Los panistas votaron en contra con el argumento de que las reformas planteadas son “anticlericales”.

El diputado perredista Nazario Norberto Sánchez señaló que la reforma no está plenamente garantizada porque “falta cerrarle la puerta a las iglesias para que no se entrometan en asuntos políticos que no son de su incumbencia”.

El presidente de esa comisión, Juventino Castro y Castro, del PRD, señaló que tal como está la Constitución actualmente permite que haya “graves intromisiones de la jerarquía católica en las constituciones de los estados y en sus leyes; graves intervenciones que se supone que no deberán existir ya con un texto satisfactorio”.

Por el PAN, el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas se manifestó a favor de un Estado laico y moderno bajo las reglas auténticas del laicismo y no bajo la imposición de una moral anticlerical y antirreligiosa.

El dictamen votado y aprobado plantea una reforma al Artículo 40 de la Constitución, a fin de incluir el concepto de Estado laico en la carta magna, y menciona que al otorgarle constitucionalmente al Estado el carácter laico se señala expresamente la voluntad del pueblo mexicano sobre las características que deberá tener su gobierno.

La reforma al Artículo 40 aprobada ayer en comisiones señala: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental’’.

Agrega que en México debe existir y consolidarse el principio de laicidad, cuyo contenido ampliaría el horizonte de respeto a la pluralidad de expresiones religiosas, lográndose con ello un clima de paz y tolerancia, objetivos que deben ser primordiales para el Estado, ya que “la ética que debe regir la vida pública empieza por la consolidación del principio de laicidad en el orden jurídico mexicano”.

Dicha situación, añade, implicaría el reconocimiento de que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de conciencia, el de adherirse a cualquier religión o a cualquier corriente filosófica y su práctica individual o colectiva.

Resalta que el Estado debe ser garante de los derechos de libre elección de religión o de convicciones y su carácter laico es la mejor forma de cristalizarlos.

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