ADMIRADORES Y DEFENSORES DE AUGUSTO PINOCHET


Miércoles 07 de marzo del 2012. México.



Por Armando Maya Castro

Tras enterarme del contenido de un viejo artículo de Josefina Vázquez Mota, publicado el año de 1998 en el diario El Economista, bajo el título “Dictadura y Desarrollo”, decidí escribir sobre el derechista Augusto Pinochet Ugarte, acusado por tribunales españoles de cometer crímenes de lesa humanidad.



La virtual candidata del PAN a la Presidencia de la República elogió así las políticas económicas de Pinochet: “La economía chilena fue dejada en manos de un grupo de expertos que tuvieron que enfrentar una fuerte crisis a principios de los 80s y sus políticas públicas estuvieron apegadas en lo general a los principios de una economía de mercado que hasta hoy han tenido continuidad y se han venido consolidando con el paso de los años”.


La aspirante presidencial añade que “la dictadura chilena deja grandes lecciones y la historia se está encargando de dar a cada quien su tributo y responsabilidad. Hay otras dictaduras que son más peligrosas porque operan bajo una piel de cordero”.

Estos elogios provocaron una cascada de críticas en las redes sociales contra la panista. Verónica Cifuentes, Presidenta Regional Provisora del Partido Progresista de Chile (PRO), condenó el hecho: “Aberrante que candidata Presidencial Mexicana de derecha del PAN haya elogiado la dictadura de un tirano sin nunca arrepentirse”.

No pueden ser dignas de elogio las acciones criminales perpetradas por un militar que lideró el golpe de Estado contra Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973. Es inaudito que un político mexicano sienta admiración por un “hombre” que “generalizó el empleo de la tortura, las desapariciones forzadas, el exilio y los asesinatos contra la población”, todo con la ayuda de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

El 16 de octubre de 1998, el dictador fue arrestado en un hospital de Londres, donde se reponía de una cirugía. Su estancia en esa ciudad tenía, además, el propósito de “negociar armamentos destinados a las Fuerzas Armadas chilenas”. Inmediatamente, el magistrado madrileño, Baltasar Garzón, solicitó la extradición del ex dictador “en relación con una investigación por la desaparición y el asesinato, en los años de la dictadura chilena, de algunos ciudadanos de origen español”.

Amnistía Internacional aprobó la solicitud del magistrado español por considerar que el dictador chileno era responsable de crímenes contra la humanidad. A la solicitud española se sumaron las de Francia, Suiza y Suecia, por el trato inhumano que algunos ciudadanos de estas naciones recibieron del régimen dictatorial impuesto en Chile por Augusto Pinochet.

Mientras los jueces londinenses resolvían qué hacer con Pinochet, éste permaneció bajo arresto domiciliario en una “lujosísima mansión en los alrededores de Londres”, cuyo alquiler ascendía a los 60.000 dólares mensuales.

El dictador manifestó en todo tiempo que su detención era injusta; negaba haber participado en las violaciones a los derechos humanos y en la denominada caravana de la muerte, un operativo cuyo objetivo era asesinar a decenas de dirigentes y activistas disidentes. Pinochet se quejaba de estar sometido a un arresto prolongado e injusto en territorio extranjero, enfermo y lejos de su patria.

El Vaticano también creía que se cometía una injusticia con el dictador chileno. Por ello, Ángelo Sodano, a la sazón secretario de Estado del Vaticano, se encargó de evitar que la Gran Bretaña ejecutara la extradición solicitada por el juez Garzón. De  esta manera, Sodano agradecía los favores que la Iglesia católica recibió de Pinochet cuando dicho clérigo se desempeñó como Nuncio Apostólico (1978-1988).

El 19 de febrero de 1999, el Vaticano reconoció haber intercedido y actuado en defensa del ex jefe del Estado chileno. Joaquín Navarro Valls, portavoz de la sede papal, admitió que la jerarquía católica había enviado a la Cámara de los Lores británica una carta en la que –argumentando motivos humanitarios– pedía la liberación de Pinochet. Las gestiones vaticanas generaron inconformidad en algunos sectores de la sociedad chilena, pero sobre todo en los familiares de los desaparecidos y víctimas de la tiranía pinochetista.

Viviana Díaz, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos (AFDD), descalificó la postura de la Iglesia católica: “Nos gustaría que el Vaticano enviara una carta a Chile demandando justicia por tantos crímenes cometidos. No se entiende que la Iglesia haya privilegiado defender a un criminal en vez de pedir que sea sancionado por los delitos que cometió”.

El 17 de febrero de 2000, el Vaticano, invocando motivos de salud, se pronunció nuevamente a favor del retorno de Pinochet a Chile. Ángelo Sodano declaró que se trataba de “un caso humanitario y jurídico que preocupa a todos, que preocupa al gobierno de Chile y también a la Santa Sede". Ese mismo día, el amigo personal de Pinochet declaró: “los pasos que pudimos hacer según nuestras posibilidades los hemos hecho”.

El 2 de marzo de 2000, ignorando el pedido de extradición de cuatro países europeos, el ministro del interior de Inglaterra, Jack Straw, liberó al ex gobernante chileno “por razones médicas”. Fue así como las gestiones realizadas por el Vaticano pusieron fin a un arraigo domiciliario que duró 16 meses, permitiendo el retorno de Pinochet al país que fue testigo de sus crueldades y arbitrariedades.

Para entender el proceder del Vaticano necesitamos conocer los privilegios que el dictador chileno otorgó a la Iglesia católica durante la dictadura. Observe usted las declaraciones que, en febrero de 1987, hiciera Francisco Javier Cuadra, ministro secretario general del entonces gobierno de Chile:

"En 1981, el gobierno aprobó un decreto que permite la educación religiosa [en las escuelas] hasta la enseñanza media. Es un objetivo que la jerarquía eclesiástica intentaba obtener desde 1925 y había solicitado a todos los gobiernos. Este gobierno lo ha permitido. También hemos mantenido la política de asistencia financiera a las universidades católicas. Una parte importante de los gastos de las universidades católicas en Chile se financia con fondos fiscales. Se han mantenido los acuerdos que establecen para el personal eclesiástico distintas exenciones desde el punto de vista tributario, aduanero, etcétera. En el mes de marzo, como muestra de adhesión a la visita del Santo Padre, incluso el último resquicio legal que permitía el aborto en algunas circunstancias, se cancelará definitivamente. En el plano internacional y en el campo de la natalidad hemos perseguido una política de pleno apoyo a las orientaciones de la Santa Sede" (Discípulos de la Verdad, A la sombra del Papa enfermo, Ediciones B, Barcelona, 2001, pp. 325, 326).

Por estas prebendas, la Iglesia católica y Juan Pablo II hicieron todo lo que estuvo a su alcance para lograr la liberación del más leal y eficaz de sus siervos en Chile: el General Augusto Pinochet Ugarte, el mismo que Josefina Vázquez Mota admira y elogia. Me queda claro que los regímenes de derecha, tanto los democráticos como los dictatoriales, existen para servir a la Iglesia católica. ¿Usted que opina?



Fuente:
http://armandomayacastro.blogspot.com/2012/03/admiradores-y-defensores-de-augusto.html


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