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El juez Marcelo Dominguez consideró que no se pueden cancelar las horas de educación religiosa en la provincia de Salta, debido a que “esto implicaría un planteo de fondo de los padres que se oponen a la enseñanza religiosa”.  De modo que, se rechazó el amparo que presentó un grupo de familias que se oponía al dictado de catolicismos y otros credos en las escuelas salteñas, por lo que más de 177.000 niños y niñas van a seguir cursando religión obligatoriamente en las aulas.

Los padres denunciantes pidieron en un primer momento declarar inconstitucional la ley provincial 7.546 que establece la obligatoriedad de dar educación religiosa como materia; ante lo que el mencionado juez le pasó la pelota a la Corte de Justicia de Salta, pero ésta volvió el caso a Dominguez debido a que “era de su competencia”.

Mientras tanto la oligarquía salteña y la jerarquía de la iglesia católica que gobierna junto al Justicialismo en la provincia consideran que el reclamo “no es prioritario”, pues seguir perpetuando las prácticas discriminatorias que imparte el catolicismo en su doctrina hacia los alumnos no es una cuestión que preocupe a los gobernantes. Cabe destacar que en este artículo se alude directamente al catolicismo por lo que manifestó el propio gobernador Juan Manuel Urtubey: -El catolicismo es mayoría, no hubo pedido de otras religiones en el proyecto. Esto a pesar de que la ley 7.546 establezca el derecho de los estudiantes de recibir educación religiosa de “acuerdo a sus convicciones”.