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Padres nucleados en una ONG denunciaron que, en la práctica, la única religión que se enseña en los colegios públicos de la provincia es la católica. La ley que lo permite rige para la educación salteña desde diciembre de 2008.

La Corte Suprema de Justicia de Salta deberá pronunciarse acerca de la constitucionalidad o no de una ley provincial que obliga a dar educación religiosa en los colegios públicos. Además, un grupo de padres denuncia que la única religión que se enseña en las escuelas estatales de la provincia es el catolicismo.

La causa llegó al máximo tribunal después de que el juez Marcelo Domínguez, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, se declarara “incompetente” y considerara que el asunto debería definirse en la Corte. La denuncia estuvo a cargo de un grupo de padres de alumnos de escuelas públicas –algunos de ellos católicos y otros, ateos– y por la ONG Asociación por los Derechos Civiles (ADC), quienes habían presentado un recurso de amparo para que se suspendiera la educación religiosa en la provincia y un pedido de declaración de inconstitucionalidad de la norma.
Álvaro Herrero, director ejecutivo de ADC, anticipó a Tiempo Argentino: “Si es necesario, iremos a la Corte Suprema de la Nación”, y explicó su postura: “La ley salteña obliga a dar educación religiosa pero, en la práctica, esa educación es sólo católica. Estamos pidiendo que el Estado provincial deje de dar esas clases porque las escuelas públicas tienen que ser laicas. La ley de Salta es violatoria de la nacional.”

En los hechos, tal como sucedía hasta la década de 1950, aquellos alumnos que practican religiones distintas de la católica o no profesan ninguna pueden solicitar a su maestra que los deje salir al patio a la hora de la clase de religión. Herrero cuestionó: “El Estado no puede obligar a los chicos a expresarse a favor o en contra de profesar una religión. Eso los expone a situaciones violentas y muchas veces a cargadas de los compañeros. Es discriminatorio. Antes de izar la bandera, les hacen rezar el Padrenuestro.”

El objetivo inmediato de los demandantes es que la Corte salteña se tome el tiempo necesario para pronunciarse acerca de la constitucionalidad o no de esta ley, pero que le devuelva al juez la responsabilidad de resolver sobre el amparo. Por eso, los padres y la ADC volvieron a presentar este lunes el amparo que ya habían presentado un mes atrás. El director de esta ONG justifica su apuro: “La ley prevé que pueda haber clases de todos los credos, pero la única que hay es la católica. Le han abierto un espacio al catolicismo para entrar en la educación pública.”

Fuente: Tiempo Argentino