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Susana Mariscal/SIPSE

CANCÚN, Q.Roo.- La reforma al Artículo 24 constitucional que apunta a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, aprobada en el Senado y en la Cámara de Diputados en marzo pasado, tiene a una asamblea legislativa y 31 legislaturas locales, entre ellas la de Quintana Roo, agrupaciones religiosas, abogados y asociaciones civiles, en amplio debate y contradicciones, y en entredicho el espíritu de la educación laica. 

El 24 constitucional señala en su modificación que "Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión y a tener o adoptar, en su caso la de su agrado", así como la libertad de participar individual o colectivamente en ceremonias, devociones o actos de culto siempre que no constituyan un delito y que no se utilicen los actos públicos religiosos con fines de propaganda política, dejando en claro que los actos religiosos que se celebren fuera de los templos serán sujetos a la ley reglamentaria. 

Junto con el 24 se reformó el Artículo 40 donde se remarca que México es un Estado laico, para dar certeza de que la modificación al 24 no pondría en riesgo a la educación laica. Sin embargo, para convertirla en ley federal 17 congresos estatales deberán darle el visto bueno, algo que está en veremos porque de los 31 estados y el Distrito Federal, en 11 ya la rechazaron. 

Como ejemplo de contradicciones está el gobierno de Baja California, de fracción panista, el cual rechazó la reforma del 24, mientras que en Quintana Roo el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, Baltazar Tuyub Castillo, dejó en claro que aceptarán la reforma. 

En el caso del Estado de México, de fracción priísta, fue aprobada. Sin embargo, Eduardo Espinosa Abuxapqui, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidente de la Gran Comisión del Congreso local, adelantó que cuando pase a discusión en septiembre próximo su postura está definida: un rotundo no. 

El obispo de la Prelatura Cancún-Chetumal, monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, consideró que hay una falsa idea de que la reforma al Artículo 24 lleve la intención de beneficiar a la Iglesia Católica, y por ello la rechazan.

De no tener la aprobación entonces estaría abierto a que cada autoridad y gobierno hicieran su interpretación y aplicación a la libertad religiosa, al no tener preciso los límites y derechos de las agrupaciones religiosas, dijo Elizondo Cárdenas. 

Asociaciones civiles como México Laico y agrupaciones religiosas contrarias al catolicismo como la Iglesia Adventista, la Luz del Mundo y la Presbiteriana, se han manifestado en contra, porque de aprobarse esta reforma en un futuro permitiría la impartición de la religión católica en escuelas públicas y en dependencias de gobierno, porque no están tomando en cuenta una revisión y reformas en artículos relacionados al 24 como son el 3, sobre la laicidad en la educación; el 5 sobre el menoscabo, pérdida o sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa; el 27 se refiere a las propiedades y bienes otorgados por la nación, pues además de la religión en la educación otro temor era darle espacios en medios de comunicación a la Iglesia preponderante; y por último, el 130, sobre la separación Iglesia-Estado y que las agrupaciones religiosas tendrían que apegarse a la ley. 

El coordinador de Derecho de la Universidad La Salle, Miguel Ángel Pech Cen, consideró que no hay ningún riesgo ni a favor ni en contra para la educación de la inclusión de la religión, "no hay los elementos para fundamentarlo". 

El jurista indica que como se encuentra el 24 no es necesaria una modificación, porque por ello hay una Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. 

Han transcurrido dos años desde que fue puesto en el tintero la reforma al Artículo 24 constitucional, y es hasta el pasado mes de marzo cuando finalmente las dos cámaras la aprobaron, pero no se ha dicho la última palabra con esta reforma para que esté en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y rija a todos los estados. 

El debate en Quintana Roo

En Quintana Roo, a partir de septiembre estará en el ojo del huracán cuando el Congreso la someta a análisis y la lleve al pleno. Hay un punto que predomina en este asunto y es el aspecto de hacer un análisis profundo y tomar en cuenta a todas las partes con las aportaciones de estudiosos e investigadores del tema, aunque mientras en el Congreso señalan haber sostenido encuentros con representantes de varios grupos religiosos, ni la Iglesia Católica ni la Adventista y Presbiteriana han sido convocados.

Legisladores, líderes religiosos, juristas y asociaciones señalan que son unas palabras "derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión" las que han causado que esta modificación de ley se haya vuelto polémica y a su vez se politizara como hoy en día está sucediendo. 

Las opiniones en torno a esta ley están divididas, hay quienes consideran que es necesaria la modificación, como fue el caso de su promotor, el legislador federal, José Ricardo López Pescador, porque con ello México homologaría su constitución a los pactos y tratados internacionales. 

Pero antes de esta modificación en 1990, el diputado federal de la fracción perredista, Pablo Gómez Álvarez, presentó una propuesta también de los artículos 24, 27 y 130; pero la finalidad era evitar el proselitismo político en el ámbito religioso; lo cual quedó asentado en el tercer párrafo del artículo; mismo que se aprobó finalmente hasta 1992. Esta reforma al Artículo 24, desde su presentación causó rispidez porque no fue aceptada la iniciativa del legislador federal José Ricardo López Pescador, pues no incluía el tercer párrafo. Pero en el dictamen de la comisión de Puntos Constitucionales se derogaba (anular) el tercer párrafo que dice: "Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política". Sin embargo, cuando fue aprobado por la Cámara baja y se remitió al Senado sí se incluyó ese punto. 

A finales de marzo de este año se aprobó también el Artículo 40, donde se remarcaba que México era un Estado laico, de esta forma se garantizaba que la reforma del 24 no atentaría en la separación de Iglesia-Estado, ni tampoco vendría a generar cambios posteriores en otros artículos que pusieran en riesgo precisamente el Estado laico o darle beneficios a la religión católica. 

Tras su aprobación en ambas cámaras, se envió a las entidades para obtener su aceptación. En Puebla, un estado que es considerado como conservador, su Congreso rechazó la modificación bajo el argumento que violenta el Estado laico y concede privilegios a la Iglesia Católica, aunque unos diputados exaltaron que se trata de la libertad religiosa en un concepto más amplio que el manejado en la actualidad.

Otros estados que asumieron una postura en contra son Michoacán, Morelos, Zacatecas, Baja California Sur, Oaxaca, Coahuila y las que sí las han aceptado son Hidalgo, Estado de México, Durango y Sonora. 

La modificación de este artículo también incluye que "Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad (de conciencia y de religión) con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política". Sin embargo, este último aspecto no se mantiene en la mesa del debate.