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Lunes 3 de Agosto del 2009

Al cardenal Norberto Rivera Carrera ya le estalló la segunda demanda en Los Ángeles por el presunto encubrimiento de los abusos del sacerdote Nicolás Aguilar contra menores de edad. En el primer caso, la Corte de Los Ángeles declaró que no tenía jurisdicción en el asunto –el denunciante, Joaquín Aguilar, es mexicano y el delito se cometió en México–, pero esta vez el jerarca católico mexicano podría ser llamado a cuentas en Estados Unidos porque ahora la víctima es un ciudadano de ese país que denuncia hechos consumados allá.

Foto:Cardenal Norberto Rivera

El cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo de la Ciudad de México, fue demandado otra vez ante la Corte Superior de Los Ángeles, California, por “encubrir” al sacerdote Nicolás Aguilar, a quien se acusa de haber abusado sexualmente de 26 menores de edad en esa ciudad estadunidense, adonde lo envió el cardenal a mediados de los años ochenta a sabiendas de que el párroco era pederasta.

La nueva demanda civil fue interpuesta el pasado 18 de junio por un estadunidense de origen mexicano, de 32 años, quien afirma haber sido violado en 1987, cuando era niño, por el padre Nicolás cuando éste daba servicios religiosos a la comunidad latina del centro de Los Ángeles.

Si bien Proceso conoce el nombre del denunciante, su identidad se mantiene en reserva a petición suya, pues actualmente se somete a una terapia sicológica y no ha informado a todos sus familiares sobre la demanda que interpuso contra el jerarca de la Iglesia católica mexicana. Por el momento, la justicia de Estados Unidos le permite utilizar el seudónimo John Doe.

En la demanda, de 15 páginas, también acusa al cardenal Roger Mahony, arzobispo de Los Ángeles, entre otros ministros de culto. Dice textualmente:

El demandante tenía entre 9 y 10 años cuando sufrió abusos por parte del padre Aguilar. El padre Aguilar tuvo acceso al demandante debido a la relación de éste y de sus familiares con los acusados. Actuando como agente ejecutivo de los acusados, el padre Aguilar utilizó su posición de confianza, reverencia y acceso para aislar y abusar del demandante.

Agrega que en ese tiempo el padre Nicolás trabajaba en “una parroquia de la comunidad predominantemente hispana conocida como Rose Hill, ubicada al lado este del centro de Los Ángeles”. El sacerdote llevaba “a acólitos y estudiantes de la escuela parroquial a su habitación”, conducta que “era conocida por los acusados y sus empleados”.

Prosigue el documento:

Los acusados encubrieron bajo la fachada de normalidad los contactos y/o acciones de Aguilar Rivera… con el demandante y/o otros menores que fueron víctimas de Aguilar Rivera, y disimularon la naturaleza de los abusos y contactos sexuales.

Las acusaciones contra Norberto Rivera se basan en que entonces él era obispo de la diócesis de Tehuacán, Puebla, y como tal no solamente era el superior jerárquico del padre Nicolás, sino que además sabía de las inclinaciones de su párroco, a pesar de lo cual lo envió a Los Ángeles.

Sobre este punto, la demanda detalla:

El padre Nicolás Aguilar, sacerdote de la iglesia de San Sebastián Mártir, en la población de Cuacnopalan, Puebla, México, abusó sexualmente de numerosos niños en 1986. Cuando estos abusos fueron descubiertos por la comunidad, un grupo de padres de familia confrontó físicamente al padre Aguilar. La policía local tuvo conocimiento de ese incidente. El padre Aguilar buscó el apoyo de su obispo, el cardenal Norberto Rivera Carrera… El cardenal Rivera facilitó la transferencia del padre Aguilar a Los Ángeles… a pesar de haber aconsejado al padre Aguilar que buscara ayuda siquiátrica con motivo del incidente.

Con estos antecedentes y protegido por el cardenal Rivera, Nicolás Aguilar llegó a Los Ángeles y abusó sexualmente de “John Doe”, quien aún padece las siguientes secuelas físicas y sicológicas:

El demandante ha sufrido y continúa sufriendo de gran dolor mental y físico, shock, desasosiego emocional, manifestaciones físicas de este desasosiego, vergüenza, pérdida de autoestima, deshonra, humillación e incapacidad para disfrutar de la vida; se ha visto impedido de realizar con plenitud sus actividades diarias y/o ha incurrido y seguirá incurriendo en gastos para tratamiento médico y sicológico, terapias y asesoría.

Por tal motivo, el demandante “solicita la compensación de daños, costos judiciales, intereses, honorarios de abogados, penalidades civiles y estatutarias, y otras compensaciones semejantes que la Corte considere apropiadas y justas”.

A las instancias eclesiásticas implicadas, principalmente a la diócesis de Tehuacán y a la arquidiócesis de Los Ángeles, John Doe las acusa de “daños por negligencia, supervisión negligente, contratación y retención negligente, abuso de la obligación fiduciaria, omisión negligente de advertir, negligencia per se por violaciones estatutarias, lesiones sexuales y responsabilidad vicarial”.

Encubrimiento, el cargo

Esta es la segunda demanda civil que, por los mismos motivos y en la misma Corte, se interpone contra el cardenal Rivera. La primera la presentó en 2006 el joven Joaquín Aguilar. Sólo que esta primera demanda no prosperó porque Nicolás Aguilar cometió los abusos en la Ciudad de México y Joaquín es mexicano, por lo que la Corte de Los Ángeles determinó que no tenía jurisdicción en el caso.

Joaquín Aguilar, hoy dirigente en México de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), comenta entusiasmado:

“A diferencia de mi caso, ahora sí tenemos la seguridad de que la Corte de Los Ángeles intervendrá en este nuevo proceso judicial, puesto que los hechos ocurrieron allá y el denunciante es ciudadano estadunidense.”

–¿La justicia de Estados Unidos obligará al cardenal a declarar en la Corte de Los Ángeles?

–Claro, el cardenal allá será sometido a interrogatorios. Esta vez no tiene escapatoria como la vez pasada, cuando vinieron a interrogarlo a sus oficinas de la Ciudad de México. Ahora, allá tendrá que aclarar el encubrimiento que le dio a su sacerdote pederasta.

“Aunque en este caso también serán utilizados los interrogatorios que ya se le hicieron en México al cardenal a raíz de mi demanda; lo mismo las otras pruebas que entonces se recabaron, puesto que se le acusa del mismo delito, sólo que ahora es una nueva víctima quien lo denuncia. Esa es la única diferencia.”

–¿Para cuándo creen que el cardenal será llamado a declarar a Los Ángeles?

–Según nuestros cálculos, lo estarán llamado antes de que termine este año. En Estados Unidos tendrá que enfrentar todo el proceso, no sólo los interrogatorios. El cardenal y sus abogados ya no podrán alegar la falta de jurisdicción de la Corte.

Joaquín Aguilar indica que la SNAP apoya en su demanda a John Doe y revela que es hijo de padres mexicanos que emigraron a Los Ángeles, donde él nació y reside actualmente, junto con su esposa y sus tres hijas. Incluso, el joven tuvo que dejar temporalmente su trabajo en el área de la construcción con el fin de prepararse para el caso.
“Yo mismo le expuse a él todos los antecedentes del padre Nicolás y el cardenal Rivera, así como la necesidad de que no quedaran impunes sus atropellos. Y él aceptó poner la demanda”, dice.

–¿Lo localizaron en Los Ángeles?

–Sí, pues el padre Nicolás abusó en esa ciudad de 26 menores de edad, por lo que entonces fue denunciado a la policía, pero logró escapar y regresar a México. Yo fui a Los Ángeles para localizar a esas víctimas. Logré entrevistarme con algunas.

–¿Y sólo él aceptó denunciar?

–En realidad, ocho de esos jóvenes han interpuesto denuncias contra el padre Nicolás y el arzobispo de Los Ángeles, el cardenal Mahony, también acusado de encubrimiento. Pero este joven fue el único que se atrevió a incluir en su demanda al cardenal Rivera Carrera.

Agrega Aguilar que él y su equipo de abogados analizaron los interrogatorios hechos a Rivera Carrera y a Mahony en su caso.

“Para evadir a la justicia, los dos cardenales dijeron mentiras durante esos interrogatorios. Analizamos muy bien sus respuestas. Esto nos permitió conocer cómo opera la Iglesia para encubrir a sus curas pederastas, ya sea trasladándolos de parroquia, de diócesis o incluso de país. Ese análisis de sus complicidades y encubrimientos nos ayudará muchísimo.”

Foto: Abogado Jeff Anderson

Al igual que con Joaquín Aguilar, este nuevo caso lo lleva el abogado estadunidense Jeff Anderson, con 30 años de litigar contra ministros de culto pederastas en Estados Unidos, por lo que su bufete, Jeff Anderson & Associates, ha obtenido indemnizaciones multimillonarias para sus clientes.

Con más de 250 demandas contra sacerdotes, obispos y arzobispos de Estados Unidos, Anderson provoca temor dentro de la jerarquía eclesiástica. Una clave de su éxito es que utiliza el mismo recurso jurídico que sirve para combatir a las mafias del crimen organizado: la ley Racketeering Influence and Corrupt Organizations (RICO). Cuando este semanario lo entrevistó en febrero de 2007, aseguró: “El cardenal Rivera y la jerarquía se comportan como una mafia, como una organización criminal” (Proceso 1581).

Defensa nutrida

Foto:Armando Martínez

Mientras tanto, los defensores del cardenal Rivera ya se alistan para enfrentar la nueva demanda. Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados Católicos, amenaza:

“Jeff Anderson se topará con una fuerte contraofensiva de nuestra parte. ¡Nos iremos con todo! No sólo defenderemos al cardenal, como la vez pasada, cuando incluso tratamos el asunto con caridad, sino que ahora los demandaremos a ellos, ya sea por daños y perjuicios, por difamación, por calumnia… ¡por lo que resulte! Llegaremos a la vía penal si es necesario.”

–Los demandantes aseguran que el cardenal deberá declarar en Estados Unidos. ¿Qué opina al respecto?

–El cardenal es un ciudadano mexicano, no tiene por qué someterse a la jurisdicción del estado de California. Él no hizo nada allá. Esto tendría que haberse atendido aquí en México, conforme a las leyes de nuestro país. Se lo he dicho varias veces a SNAP: “Demándenlo en México, háganlo aquí”. Pero se niegan. Allá ellos.

Revela Armando Martínez que la defensa del cardenal estará conformada por unos 15 abogados de “mucho peso”, tanto mexicanos como estadunidenses, entre ellos el afamado penalista Juan Velásquez, Bernardo Fernández y algunos “abogados internacionalistas”.

–¿El Colegio de Abogados Católicos participará en la defensa del cardenal? –se le pregunta.

–Nosotros participaremos como coadyuvantes en ese grupo, que será multidisciplinario. Conformaremos un frente muy sólido y muy agresivo. Jeff Anderson intenta sacarle dinero a la arquidiócesis de México. Mejor que se olvide. No le vamos a dar ni un centavo.

–¿Detrás de esta demanda hay un interés económico?

–Ese es el único interés de SNAP y de Anderson: sacar y sacar dinero de quien se deje. El modus vivendi de Anderson es atacar a la Iglesia, lo que le ha permitido poseer jets privados y acumular una gran fortuna que ya se enlistó en la revista Forbes.

A su vez, Hugo Valdemar, vocero de la arquidiócesis de México, señala: “No hemos recibido ninguna notificación. Primero tienen que darse toda una serie de trámites, incluso diplomáticos, pues México es un país soberano. La notificación llevará tiempo. Mientras no nos llegue, nosotros no nos damos por enterados”.

Proceso
03/08/2009

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