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© Fernando G. Toledo
Razón Atea

asemos en limpio. El Arzobispado de Mendoza actuó con una desconcertante impericia al proponer la prelatura de honor para un sacerdote del que, no caben dudas, poco sabía excepto lo que el mismo clérigo le pudo haber «vendido» con su labia. Es insólito, ciertamente. Porque lo primero hay que hacer al avanzar sobre una postulación de este tipo es lo que no se hizo: acudir al lugar de incardinación del sacerdote. Es decir, Ponce (Puerto Rico), la diócesis donde se ordenó.
Allí, donde está incardinado, aseguran que a Sirvent lo busca la Justicia desde hace casi 10 años. Allí mismo, el Obispo le dictó la «privación de oficios» en el año 2000 debido a un caso de pedofilia. Allí, en el único lugar donde obligatoriamente había que consultar, ni siquiera se solicitó información. ¿Tan grande habrá sido la desesperación del Arzobispado de Mendoza por conseguir los fondos económicos que Sirvent prometía?
Por otra parte, hay que dejar en claro que las decisiones internas (por ejemplo, no permitir sacerdotes mujeres u homosexuales, imponer el celibato, excomulgar) son cuestiones que debe dirimir la misma Iglesia. Al que no le guste se va, y a los que no tenemos nada que ver con ella no debería interesarnos. Pero una cosa muy distinta es que el uso de una investidura de un culto sea usada por alguien (Sirvent) para algo tan horroroso como la pedofilia, como ocurre usualmente con los casos de sacerdotes que abusan de menores allanando el camino con su sotana. Y el problema empeora si esa investidura es «premiada» desde el Vaticano con títulos que le sacan lustre.
En una empresa privada, un escándalo de esta magnitud merecería que «rodaran cabezas». Aquí pareciera que todo se arregla con un tibio mea culpa en el que se invoca el «engaño a la buena fe». Que quede claro: no fue sólo eso. Lo que ha sucedido con «monseñor Francisco Sirvent» es escandaloso, salpica al Vaticano y es fruto nada menos que de la irresponsabilidad de la Arquidiócesis de Mendoza.