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Los diferentes fondos públicos con que cuenta el culto católico para su funcionamiento en el país superan los 2.500 millones de pesos anuales.

Tras la sanción de la ley de matrimonio igualitario, durísimo golpe contra la presunta autoridad espiritual de la Iglesia sobre los asuntos terrenales de los argentinos, el tema del dinero invertido por el Estado en el sostenimiento del culto católico y/o en su inmenso sistema de colegios confesionales es una discusión que aguarda algún escenario mediato. Con dos mil años de comunicación y propaganda a cuestas las autoridades eclesiásticas tienen perfecta conciencia del asunto. De hecho se vienen anticipando al debate con cálculos como el que todavía hoy pueden leerse en la web del Plan Compartir de la Conferencia Episcopal Argentina, en la que se asegura que en 2007 el Estado dedicaba “una partida de sólo 17.323.913 pesos” para el sostenimiento de la Iglesia, lo cual apenas “representa el 0,014% del total del Presupuesto Nacional”. Así como los documentos de trabajo eclesiales llegaron a sostener más o menos que los homosexuales son proclives a convertirse en hombres lobo, el número es un recorte falaz. En 2010, el dinero derivado al sostenimiento de la Iglesia se incrementó a 35.868.353 pesos. Pero esa cifra es ínfima si se toman en cuenta el dinero estatal que van a las escuelas confesionales, hasta redondear un monto estimable en bastante más de 2.500 millones de pesos anuales.

Consultado por Miradas al Sur , Guillermo Olivieri, titular de la Secretaría de Culto de la Nación –organismo responsable de pagar el sueldo de los religiosos– informa que la partida que recibe esa cartera del Presupuesto nacional asciende a 32 millones de pesos anuales. Desde el sitio oficial de esta Secretaría, se informa que se asignan “por medio de sus diócesis y otros organismos, en concepto de sostenimiento del culto que incluye la colaboración económica para visitas ad limina , sínodos, conferencias regionales y viajes en cumplimiento de acciones pastorales”. También se destinan a una red de “437 institutos de vida consagrada inscriptos, que actúan a través de 4.500 casas y obras apostólicas existentes en todo el país”.

En el desagregado sobre el destino de esos fondos se hace mención a “Asistencia Financiera/Culto Católico”, dinero que va a 122 arzobispos y obispos, 1.600 seminaristas y 640 sacerdotes. El sueldo de un arzobispo, actualmente es de 8.200 pesos. Sin embargo, Olivieri precisa que “debería ascender a 13.000 pesos”, por ser el equivalente al 70 por ciento de un juez nacional de primera instancia. Sin embargo, los purpurados, amén de sus discursos en torno de la equidad y los pobres, no pagan impuestos, no tienen cargas sociales, no aportan a Ganancias ni a la jubilación.
Jorge Horacio Gentile, un ex diputado demócrata cristiano y docente de las universidades Nacional y Católica de Córdoba, explica que los dineros del Estado van también a parroquias de frontera o zonas desfavorables, a jubilaciones graciables para sacerdotes (las pueden cobrar Antonio Basseotto, Christian Von Vernich o Juan Carlos Maccarone, el obispo echado de Santiago del Estero presuntamente por sostener relaciones non sanctas para la Iglesia), o a pasajes para obispos, sacerdotes y agentes pastorales. En cuanto a los curas de parroquias, el secretario de Culto de la Nación aclara que no cobran, excepto los de frontera.