Cien años después
Cien años después
TOÑO VEGA
JOAN BARRIL
El Parlament de Catalunya aprobó anteayer en el conocido como «plenario escoba», especializado en aprobar los textos pendientes del periodo de sesiones, una ley que regula los centros de culto de todas las religiones. De esta manera se pone fin a la disparidad de criterios que los ayuntamientos aplicaban cuando se intentaba la construcción de un templo. Hoy, los que quieran construir uno, una mezquita, un salón del reino, una sinagoga o un oratorio de cualquier clase de fe disponen ya de un cuerpo legal que les faculta a hacerlo. De esa ley queda excluida, por tradición, la religión católica. No así, por lo que se ve, las otras religiones cristianas, si bien no hay indicios de que ninguna diócesis pretenda promover la construcción de una segunda Sagrada Família a no ser que el AVE se lleve por delante a la primera.
Dicen que esta ley es pionera en Europa. Y nos alegra. Pero de ser cierta esa capacidad de anticipación del Parlamento catalán, nos debería entristecer que las cosas fueran más difíciles para la construcción de lugares de culto no cristianos en esa Europa que se nos está volviendo tan poco ecuménica. De alguna manera, esta ley acaba con la necesidad de las catacumbas. Hoy los creyentes de otras religiones ya no están perseguidos, pero se habían ido organizando en lugares poco propicios para la oración en grupo. Un garaje, una fábrica abandonada o el patio de una escuela no son un ejemplo de dignidad para los sentimientos más ancestrales de la especie humana, que no son otros que la esperanza, agradecimiento y aquello que se ha dado en llamar el temor de Dios.
Fuera de las catacumbas, esa ley no solo viene a reconocer la diversidad de creencias de la actual población catalana, sino que reconoce una necesidad de espiritualidad de buena parte de los ciudadanos. La espiritualidad no es un derecho en sí mismo, sino más bien una pulsión íntima que algunos buscan y que acaban encontrando. Por el contrario, lo que sí es un derecho es la demostración colectiva y común de esa espiritualidad. Entre la ortodoxia de aquellos que creían que fuera de la Iglesia no había salvación y el maximalismo de los que intuyen que la espiritualidad está reñida con la razón, aparece de pronto una ley pragmática que ennoblece a la política, precisamente porque tiende a evitar problemas y a garantizar la libertad de religión de los ciudadanos. Ojalá –curiosa palabra de raíz religiosa– esta ley catalana no se limite a expandirse por Europa, sino que, a ser posible, establezca la necesaria reciprocidad que las comunidades cristianas residentes en algunos países islámicos exigen para poder salir también de sus catacumbas.
Probablemente los diputados que anteayer votaron esa ley se hayan percatado de su oportunidad. Este final de julio del 2009 se conmemorarán 100 años de la Semana Trágica, que dejó Barcelona sin gobierno, con muchos muertos y detenidos y con no pocas iglesias católicas reducidas a cenizas. Han sido precisos 100 años para que los templos hayan dejado de ser un objetivo de la revuelta y el icono de la represión. Un siglo en el que fueron asesinados muchos religiosos en nombre del pueblo y muchos trabajadores en nombre de Dios. Un siglo en el que los dictadores iban bajo palio y los papas miraban hacia otro lado mientras la humareda de Auschwitz acababa con los judíos europeos.
Sería una lástima que una ley de concordia fuera aplastada de nuevo por el sectarismo de las religiones que se creen únicas.
TOÑO VEGA
JOAN BARRIL
El Parlament de Catalunya aprobó anteayer en el conocido como «plenario escoba», especializado en aprobar los textos pendientes del periodo de sesiones, una ley que regula los centros de culto de todas las religiones. De esta manera se pone fin a la disparidad de criterios que los ayuntamientos aplicaban cuando se intentaba la construcción de un templo. Hoy, los que quieran construir uno, una mezquita, un salón del reino, una sinagoga o un oratorio de cualquier clase de fe disponen ya de un cuerpo legal que les faculta a hacerlo. De esa ley queda excluida, por tradición, la religión católica. No así, por lo que se ve, las otras religiones cristianas, si bien no hay indicios de que ninguna diócesis pretenda promover la construcción de una segunda Sagrada Família a no ser que el AVE se lleve por delante a la primera.
Dicen que esta ley es pionera en Europa. Y nos alegra. Pero de ser cierta esa capacidad de anticipación del Parlamento catalán, nos debería entristecer que las cosas fueran más difíciles para la construcción de lugares de culto no cristianos en esa Europa que se nos está volviendo tan poco ecuménica. De alguna manera, esta ley acaba con la necesidad de las catacumbas. Hoy los creyentes de otras religiones ya no están perseguidos, pero se habían ido organizando en lugares poco propicios para la oración en grupo. Un garaje, una fábrica abandonada o el patio de una escuela no son un ejemplo de dignidad para los sentimientos más ancestrales de la especie humana, que no son otros que la esperanza, agradecimiento y aquello que se ha dado en llamar el temor de Dios.
Fuera de las catacumbas, esa ley no solo viene a reconocer la diversidad de creencias de la actual población catalana, sino que reconoce una necesidad de espiritualidad de buena parte de los ciudadanos. La espiritualidad no es un derecho en sí mismo, sino más bien una pulsión íntima que algunos buscan y que acaban encontrando. Por el contrario, lo que sí es un derecho es la demostración colectiva y común de esa espiritualidad. Entre la ortodoxia de aquellos que creían que fuera de la Iglesia no había salvación y el maximalismo de los que intuyen que la espiritualidad está reñida con la razón, aparece de pronto una ley pragmática que ennoblece a la política, precisamente porque tiende a evitar problemas y a garantizar la libertad de religión de los ciudadanos. Ojalá –curiosa palabra de raíz religiosa– esta ley catalana no se limite a expandirse por Europa, sino que, a ser posible, establezca la necesaria reciprocidad que las comunidades cristianas residentes en algunos países islámicos exigen para poder salir también de sus catacumbas.
Probablemente los diputados que anteayer votaron esa ley se hayan percatado de su oportunidad. Este final de julio del 2009 se conmemorarán 100 años de la Semana Trágica, que dejó Barcelona sin gobierno, con muchos muertos y detenidos y con no pocas iglesias católicas reducidas a cenizas. Han sido precisos 100 años para que los templos hayan dejado de ser un objetivo de la revuelta y el icono de la represión. Un siglo en el que fueron asesinados muchos religiosos en nombre del pueblo y muchos trabajadores en nombre de Dios. Un siglo en el que los dictadores iban bajo palio y los papas miraban hacia otro lado mientras la humareda de Auschwitz acababa con los judíos europeos.
Sería una lástima que una ley de concordia fuera aplastada de nuevo por el sectarismo de las religiones que se creen únicas.
