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Podríamos decir que no se trató tanto de una manifestación convocada expresamente contra el matrimonio igualitario como de una constatación de la rotunda oposición al mismo de buena parte de las iglesias evangélicas de Brasil, fuerza en ascenso que agruparía ya a un quinto de la población brasileña (en detrimento del catolicismo, religión mayoritaria pero que se encuentra en retroceso demográfico).

Y es que el pasado 14 de mayo el Consejo Nacional de Justicia de Brasil, órgano de gobierno del poder judicial, decidía por 14 votos contra 1 emitir una orden que obliga a los registros civiles de todo el país a adoptar un único criterio y registrar los matrimonios entre personas del mismo sexo. La orden venía a despejar la situación jurídica existente hasta entonces en Brasil, donde 13 jurisdicciones (12 de los 26 estados y el Distrito Federal) reconocían ya el matrimonio igualitario. El goteo de territorios había sido creciente desde que el Supremo Tribunal Federal de Brasil se pronunció en mayo de 2011 a favor del derecho de las parejas del mismo sexo a constituir una unión estable con los mismos derechos que los de los matrimonios heterosexuales. Aquel histórico fallo no suponía la legalización explícita del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero sí de todos los derechos derivados del mismo. La decisión consolidó, por ejemplo, el fallo del Tribunal de Justicia Superior (junto al Supremo Tribunal Federal, una de las dos instancias judiciales más importantes del país) que ya un año antes había abierto la puerta a las adopciones homoparentales.

Desde entonces se han ido acumulando tanto sentencias judiciales como decisiones de las diferentes administraciones de justicia favorables al matrimonio igualitario. En junio de 2011, dos tribunales, uno en São Paulo y otro en Brasilia, reconocían los dos primeros matrimonios entre personas del mismo sexo, uno gay y otro lésbico. Era el comienzo de un lento pero progresivo goteo de parejas que poco a poco han ido viendo reconocidas sus uniones estables como matrimonios en diferentes puntos del país. En octubre de 2011 era el Tribunal de Justicia Superior el que se pronunciaba: el fallo señalaba que es perfectamente constitucional que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, por lo que autorizaba que dos mujeres que convivían desde hace cinco años se convirtieran en esposas.

Más allá de los casos individuales, en enero de este año era la administración de justicia de estado de Alagoas la que emitía una orden que permitía a las parejas del mismo sexo tramitar sus peticiones de matrimonio sin necesidad de resolución judicial previa. Alagoas abrió el camino, pero decisiones similares se adoptaban después en otros estados. Una situación que apuntaba claramente hacia un reconocimiento territorial global. Según informaciones de las que nos hicimos eco en su momento, el Supremo Tribunal Federal tenía intención de pronunciarse de forma explícita sobre el tema, al haber llegado hasta su jurisdicción el caso de otra pareja de Río a la que se le negó el derecho a convertir su unión estable en matrimonio. Un fallo que en nuestro conocimiento no llegó a producirse, aunque el dato que no deja de tener su interés, dado que la decisión del Consejo Nacional de Justicia es recurrible ante dicho tribunal. El PSC (Partido Social Cristiano), del que forma parte el diputado evangélico Marco Feliciano (recientemente elegido presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil) ya ha planteado recurso en ese sentido.