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En un hecho asombroso y sin precedentes, la Fiscalía General de la Nación inspeccionó de manera sorpresiva la sede de la Arquidiócesis de Villavicencio en busca de información sobre sacerdotes pederastas.

Desde los orígenes de Colombia como nación, y mucho antes, la Iglesia Católica se percibía como una institución a la par de las demás instituciones que gobernaban pueblos, ciudades y el país, razón por lo que un operativo de inspección en la sede del obispo que preside la Conferencia Episcopal de Colombia es totalmente novedoso en la historia del país.

La acción ocurrió este lunes 13 de abril, lunes de pascua, tras las declaraciones de un testigo que ha contado al ente investigador como una red de sacerdotes abusaron sexualmente de él, desde que era muy joven, valiéndose de su condición de pobreza.

Por estas acciones la Iglesia suspendió a inicios de mes a 15 sacerdotes, en un hecho igualmente novedoso, cuando el modus operandi era ocultar y trasladar a los acusados, como bien lo ha revelado la investigación de Juan Pablo Barrientos en “Dejad que los niños vengan a mí”.

El vocero de la Arquidiócesis, Carlos Villabón, le señaló a Semana que a los sacerdotes acusados ante la ley “Se les reporta que están implicados allí, no se les está condenando ni absolviendo, pero sí se les está poniendo otra medida mientras continúa la otra parte de la investigación”.

Si bien Monseñor Oscar Urbina, el Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, declaró entonces que “no hay que dudar cuando se presentan estas situaciones”, al parecer su colaboración con la Fiscalía General de la Nación no fue la suficiente para que el Estado lograse saber toda la verdad sobre todos los sacerdotes denunciados por estos hechos. Por esta razón, se realizó el operativo de este lunes de pascua tomando por sorpresa a todos los funcionarios, incluyendo a la cabeza de la Iglesia en Colombia.

La Fiscalía fue por los archivos secretos del Arzobispado. Estos documentos, celosamente guardados por la iglesia, incluyen todas las quejas que llegan sobre el accionar de los sacerdotes.  Hasta el pasado 13 de abril las autoridades civiles de Colombia no habían puesto un dedo encima sobre estos archivos.

La revelación de esta acción de la Fiscalía, se dio a conocer por el periodista Juan Pablo Barrientos en “6AM Hoy por Hoy” de CaracolRadio. En esta revelación noticiosa también se mencionó que no son 19, sino 36los sacerdotes implicados por abuso sexual. Uno de los sacerdotes involucrados es, nada más y nada menos que el Presidente del Tribunal Eclesiástico de Villavicencio, Hernando Tovar Olaya. Es decir, la cabeza del que debe administrar disciplina entre los clérigos. También se conoció que él, así como varios otros, no han sido suspendidos aún.  Lama la atención que dentro de los involucrados está el nombre de Arnulfo Vega Rodríguez, quien además de cura es juez de la República y el año pasado fue condenado a 7 años de casa por cárcel por el delito de falsedad ideológica.

Como se mencionó, Monseñor Urbina se había negado en darle la información completa a la Fiscalía sobre todas las quejas que se han tenido sobre pederastia en la capital del Meta. El hecho que la Fiscalía estuviera en el caso es por la denuncia hecha ante el ente estatal por una de las presuntas víctimas. Si la queja hubiese quedado solo en las denuncias dentro del arzobispado, probablemente nada habría pasado, aparte de pasar a los agresores de una parroquia a otra, o darles una penitencia de oración y reflexión. La negativa a la efectiva colaboración fue valientemente resuelta con esta diligencia sorpresiva, que aguó la pascua entre los clérigos del Arzobispado. Según fuentes que contaron los hechos, en esta diligencia, la cabeza de la Iglesia Católica en Colombia, habría accedido ya, a hacer un acercamiento con el ente investigador para cooperar con la investigación.

La Iglesia Católica en Colombia ha sido renuente en el pasado reciente a permitir acceso a estos archivos en casos similares de abuso sexual. Cabe recordar que la ciudad de Medellín al investigador Juan Pablo Barrientos sele poder corroborar las denuncias que a él llegaron con las anotaciones yregistros en los archivos del Arzobispado. La Iglesia alegaba que estos no son públicos.Por esta negativa Barrientos puso una acción de tutela, la cual ganó, y posteriormente la Corte Constitucional, el máximo tribunal nacional, dijo en marzo que negar el acceso a estos datos sí afecta gravemente el derecho delperiodista a la información en un asunto de relevancia social, como lo son los presuntosabusos sexuales contra menores de edad.

En casos de acusaciones de pederastia en Colombia, la Iglesia ha esgrimido con sus abogados el Concordato entre el Estado colombiano y la Santa Sede para dejar a los sacerdotes sin castigo. Con este precedente judicial, se desbarata nuevamente este argumento defensivo.

Un hecho, como el allanamiento de una sede arzobispal, tienesolo un precedente en Latinoamérica en agosto de 2018, cuando la Fiscalía chilenaallanó la sede del Arzobispado de Chile en busca de evidencias sobre los presuntos casos de pederastia cometidos por miembros de la CongregaciónMarista. Estas investigaciones involucran a una decena de sacerdotes maristas, así como el encubrimiento sistemático de los obispos que sabían de estos nefandos hechos.

Este allanamiento hecho por la seccional de la Fiscalía en Villavicencio es sumamente importante en la lucha contra la pederastia, y debe ser aplaudido ya que la única manera en que se pueda administrar justicia es conociendo toda la verdad y yendo mucho más que las suspensiones eclesiásticas (que solo tienen efectos dentro de los ritos que los sacerdotes pueden oficiar) para pasar a las penas que exige la justicia colombiana, la cual no debe frenarse cuando se encuentre con la Iglesia, porque precisamente Colombia es un estado laico. Esta diligencia de la Fiscalía es un precedente importantísimo en la dirección correcta.